La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña (y II)

Después de cuatro años se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Recurridos unos 110 artículos por el Partido Popular, casi la mitad, la sentencia anula 14 artículos total o parcialmente y somete a interpretación conforme a otros 27. Son 40 artículos directamente afectados. De resultas, quedan afectados transversalmente unos 90 artículos de los 110 recurridos. El recurso del Defensor del Pueblo, que es la vía que tomó Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, fundado unos días después de la aprobación en referéndum del Estatuto, pronto será resuelto también. El Defensor del Pueblo también recurrió unos 110 artículos.

La sentencia es de mayoría progresista y puede decirse que aunque salvaguarde en su puro hueso la nación española, abre varias puertas a que se quede sin carne. Tiene cuatro votos particulares conservadores, singulares y acerados. Estoy particularmente de acuerdo con el voto particular que afirma lo evidente: no ya el Estatuto sino el propio TC se ha erigido en legislador constituyente, usupando tal soberanía al pueblo español, a esa nación española que es declarada vacuamente como única e indisoluble.

El voto de los 14 artículos anulados contó con un resultado de 8 a 2. Gay, un progresista del Colegio de Abogados de Barcelona, estaba dispuesto a admitir en su plenitud político-jurídica la nación catalana, aunque al parecer es reticente al capítulo de derechos "progresistas" que el Estatuto incorpora en consecuencia. Un galimatías, vamos. Un voto conservador fue también en contra, insatisfecho supongo por el hecho de que el Preámbulo en el que se declara tal nación catalana no sea anulado constitucionalmente y solo sea declarado carente de toda validez jurídica interpretativa. El hecho es que después de declarar tal Preámbulo carente de validez jurídica interpreativa, la sentencia redactada por la ponente Casas, presidenta progresista del TC, señala que esa declaración preliminar del Estatuto inspirará la legislación autonómica. Son párrafos contradictorios, uno después del otro, pero así está la lógica en Zapaterolandia.

Del mismo modo, se anula el artículo 6.1, que venía a estatuir todo el proceso de normalización lingüística, y se declara al castellano como lengua vehicular. ¡La Constitución hecha realidad! Pero acto seguido se niega el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos (la libertad de enseñanza no es solo organizativa, aunque en verdad con esto bastaría, porque el bilingüismo constitucional no deja de ser una mera cuestión organizativa) y se afirma que el catalán será el centro de gravedad de la educación, la administración, los medios de comunicación, etc. Todos los pro-Estatuto se apresuraron a declarar que todo sigue igual y que el TC avala la flagrante discrimación, tildada de positiva. Parece que la ignorancia de la sentencia del TC de 1994 por parte de los poderes públicos autonómicos de Cataluña sobre esta misma cuestión no ha hecho mella en el optimismo cándido del TC, que esta vez se atreve un paso más y declara no ya el apoyo discriminatorio al catalán sino su gravedad central, ¡despúes de afirmar el bilingüismo vehicular oficial!, que es como decir que el castellano no forma parte de la tierra, solo es aire, algo que se habla pero que no hace, un sonido como el canto de los pájaros o el ladrido del perro. O sea, que se queda otra vez en la calle.

En consecuencia, se declaran constitucionales cosas que evidentemente no lo son, como pruebla la sola lectura de la Constitución. La bilateralidad, la proyección exterior, etc.

Solo se anula la parte del poder judicial, seguramente porque de todas es la única que conocen los magistrados y la que les podría afectar profesionalmente. Zapatero ha dicho que la declaración de nulidad solo es formal, pero eso es pura ignorancia fruto de la dejadez de responsabilidad de la sentencia. Lo que ha dicho el TC es que eso no es constitucional, y que si acaso pónganse de acuerdo en las Cortes Generales para reformar la ley del CGPJ. El problema es que este Estatuto es ya una ley de las Cortes Generales, y una reforma del CGPJ en el sentido del Estatuto sería sustancialmente inconstitucional lo mismo que este Estatuto. Claro que si imaginamos que el PP y el PS se podrían poner de acuerdo para una ley así, nadie recurriría, salvo quizá el Defensor del Pueblo -designado por ambos partidos, en cualquier caso, y que es casi lo único que sale totalmente sano de la quema articulada del Estatuto aprobado en Cortes-, y de hecho ya no valdría la pena ni la Constitución, y lo que habría que reformar, no serían leyes orgánicas, como ha prometido Zapatero, sino la Constitución toda, como ha reclamado Montilla. La nulidad constitucional del poder judicial del Estatuto es una nulidad de contenido, como lo sería en una ley orgánica del poder judicial que lo conferedalizase, como había hecho el Estatuto, por mucho que en el Estatuto solo esté el PS y en esa supuesta ley orgánica del poder judicial pudieran estar PP y PS. ¿Se entiende ahora por qué se decía que el Estatuto era un fraude de ley, una reforma encubierta de la Constitución, a la par que un fraude electoral en el ámbito autonómico, un fraude a la alternancia política, como he sostenido en otro texto?

Apenas salvaguardados hasta próxima noticia los poderes soberano y judicial de la Constitución, la sentencia dibuja claramente un Estado que no es el de las Autonomías sino confederalizante. En nuestra historia constitucional hemos pasado de un Estado centralizado a un Estado federal, salvo en los periodos no monárquicos, cuando se pasaba de un Estado federal a uno confederal. En estas estamos. En ocasiones, solo queda el Rey, como una especie de cuasi-soberano.

Esto se aprecia muy bien en el plano del poder gubernativo. Admitiendo la bilateralidad, la sentencia rompe la unidad administrativa del Estado. De ahí que España solo sea un Estado burocrático, y Cataluña pueda ser en cambio una nación política, como ha sostenido ni más ni menos que el presidente del Gobierno, que según dicen era profesor de Derecho constitucional. Tantos años canonizando demócratas, ilustrando al país, sosteniendo la democracia y sus instituciones, para esto. En España no hay más que una nación, y es Cataluña. Eso dicen el Psoe-Erc-Ciu-Iu, etc.

Así, por tanto, inspirándose en las grietas abiertas en el poder legislativo nacional, el Parlamento autonómico de Cataluña puede dedicarse a la proyección exterior a todos los niveles y efectos de forma separada del Ministerio de Exteriores, se relaciona con el Gobierno de la nación de forma separada de las otras CCAA, y a veces solo directamente con el Rey en el caso más grave de todos, que es el del referendum. Sería inverosímil ver al Rey firmando una declaración o petición de independencia del Parlamento de Cataluña, pero hacia eso potencialmente va el Estatuto aprobado, y llegados a este caso, quizá el Rey lo que tendría que hacer sería coger el tren otra vez hacia Lisboa.

En la oscuridad de este Estado-Inquisición, el oasis resplandece luminoso con su nueva ordenación territorial; una vez quebrada la unidad política, cabe romper la unidad administrativa de demarcación. No más provincias, sino vicarías, como en los viejos tiempos, ¿qué tiempos? Pero ya han avisado que no, que la Inquisición quiere su parte, sobre todo electoral-gubernativa. Nos vemos en los juzgados.

En fin, está la cuestión económica. Aquí también hay algunos recortes al derroche de fantasía estatutario. Impuestos, financiación: se dejará hacer, pero hasta cierto punto. La unidad meramente funcional del Estado sale no obstante tocada, más tocada de lo que ya estaba. A todo esto, España, y Cataluña especialmente teniendo en cuenta su fama económica, lleva dos años económicamente paralizada.

La sentencia ha salido adelante gracias a que un voto progresista se avino a salvaguardar la unidad de la nación española haciendo admitir a un voto conservador todo lo demás. O dicho de otra manera, gracias a que un voto conservador convenció a un voto progresista de salvaguardar la unidad de la nación española admitiendo por su parte todo lo demás. Demasiado en juego para tan poco pacto entre el progresista Aragón de Córdoba y el conservador Jiménez de Sevilla, ambos de Andalucía aunque el primero afincado en Madrid. La sentencia del TC, en su resultado final, ni siquiera homologa el Estatuto de Cataluña al no menos parcialmente inverosímil Estatuto de Andalucía también recientemente aprobado.

Han tardado cuatro años. Quizá no convenía electoralmente al Psoe que saliera antes de las elecciones de 2008. Ellos mismos dilataron la sentencia y la renovación de los miembros del TC, porque los veían favorables. Hasta que en marzo pasado se vio que el Estatuto no iba a ser aprobado integralmente, que no era íntegramente constitucional. Solo se ha declarado inconstitucional la parte del poder judicial, el monolingüismo oficial y se ha dejado sin validez jurídica interpretativa el Preámbulo, pero aun estas cosas con importantes matices que acabarán solventándose mal y tarde otra vez en los juzgados. Entonces, cínicamente, Montilla y compañía reclamaron rápidamente la renovación del TC. Ahora simplemente poco menos que se declararon en rebeldía. La manifestación de del 10 de julio, sostenida su propaganda por la televisión y radios que todos pagamos, es una manifestación delictuosa y ridícula. Es ridículo ver a un anciano que nunca habló de nación, aunque preparó el terreno, encabezar una marcha de tal nación después de haber sido durante más de 20 años su presidente; diríase que más bien parecía la exaltación lejana de una república bananera, con sus caciques entrados en años que gobiernan siempre y a la vez siempre son las víctimas con derecho a ocupar la calle. La burocracia con pancartas. No podía faltar el obrero descamisado en el delirio nacionalista-soviético de los PPCC, y ese es Montilla. Así cualquiera, y así estaba de llena y despreocupada de tan altos designios la hermosa playa veraniega de mi pueblo a la misma hora y en el mismo día. Eso es hacer el ridículo un día sí y otro también, como nos advirtió Tarradellas. Ellos sabrán. Nos iría mejor a todos si devolvieran el crucifijo al Ateneo barcelonés y volvieran a misa los que quieran. El Periódico sacó sus dos ediciones muy indignado, la catalana con un Prou catalán, y la castellana....con otro Prou catalán. Eso lo dice todo sobre lo que pasa y deja de pasar en Cataluña, desde luego.

Bien, pues esto es el progresismo. Anuncian más mal tiempo con un TC más progresista. Yo no sé si esto es el Compromiso de Misouri, o el caso Nebraska. Ni el juez Holmes nos sirve en este caso, porque el debate nunca es racional. Apaguemos la luz, y si quieren jugar al hueso, al hueso jugaremos. ¡También tenemos sentimientos, uhm!